El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, un cambio legislativo que supone uno de los avances más importantes en el ámbito de los derechos sociales de los últimos años. La reforma apuesta por un modelo con más servicios, más prestaciones, menos burocracia y un refuerzo del derecho a vivir de forma autónoma.
La nueva legislación garantiza además que la Administración General del Estado asumirá el 50% de la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un compromiso que queda consagrado legalmente para asegurar la sostenibilidad del sistema en el futuro.
Según el Ministerio de Derechos Sociales, esta reforma tiene como objetivo consolidar un sistema público de cuidados más accesible y resiliente, adaptado a las necesidades reales de las personas, promoviendo una atención basada en los derechos, la dignidad y la vida independiente.
Desde ASPID, acogemos con satisfacción todas las medidas que contribuyen a reforzar la autonomía personal, la vida independiente y el acceso al apoyo que necesitan las personas con discapacidad o en situación de dependencia. La ampliación de la asistencia personal, la simplificación de los trámites administrativos, el refuerzo de la accesibilidad y la mejora de la financiación del sistema representan un paso importante hacia un modelo más centrado en los derechos de las personas.
La nueva legislación garantiza además que la Administración General del Estado asumirá el 50% de la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un compromiso que queda consagrado legalmente para asegurar la sostenibilidad del sistema en el futuro.
Un nuevo impulso para el sistema de dependencia
Paralelamente, el Congreso ha ratificado el real decreto-ley que amplía la financiación estatal destinada a la dependencia. Esta medida supondrá que las comunidades autónomas reciban 6 200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, con el objetivo de reducir las listas de espera, aumentar el número de profesionales y ampliar los servicios disponibles.Según el Ministerio de Derechos Sociales, esta reforma tiene como objetivo consolidar un sistema público de cuidados más accesible y resiliente, adaptado a las necesidades reales de las personas, promoviendo una atención basada en los derechos, la dignidad y la vida independiente.
Principales cambios en la Ley de Dependencia
La reforma incorpora modificaciones a la legislación que permiten ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas con necesidades de dependencia, así como dar prioridad a los deseos y circunstancias de cada persona y agilizar los trámites administrativos para el reconocimiento de la dependencia.- Supresión del régimen de incompatibilidades: las personas podrán combinar diferentes prestaciones y servicios en función de sus necesidades, como centros de día, teleasistencia o apoyo familiar, lo que fomenta una atención más personalizada.
- Ampliación de la asistencia personal: la asistencia personal se consolida como un servicio del catálogo y puede prestarse tanto en el domicilio como fuera de él, lo que facilita actividades cotidianas como acudir al médico, hacer la compra o participar en la vida comunitaria.
- Nuevo reconocimiento a los cuidadores: se amplía la definición de cuidador para incluir también a personas del entorno social de la persona dependiente que, sin ser familiares, realizan tareas de cuidado.
- La teleasistencia se convierte en un derecho individual: todas las personas con dependencia reconocida podrán acceder a ella, incorporando nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento y prevención.
- Protección para los cuidadores: se garantiza el pago de las cotizaciones de los cuidadores principales y se mantienen los servicios de apoyo en caso de enfermedad u hospitalización.
- Reducción de los plazos administrativos: el plazo máximo para resolver una solicitud de prestación por dependencia se reduce de seis a tres meses.
Cambios clave en la Ley de Discapacidad
En lo que respecta a la Ley de Discapacidad, la reforma consolida los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo como pilares la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.- Reconocimiento automático del grado de discapacidad: a las personas con dependencia de Grado I se les concederá automáticamente un 33 % de discapacidad, mientras que los Grados II y III podrán dar lugar a un reconocimiento del 65 %, lo que reducirá los trámites y los tiempos de espera.
- Se reconoce la accesibilidad universal como un derecho: las personas con discapacidad podrán exigir la eliminación de barreras en los espacios y servicios públicos, con el apoyo de un nuevo programa de financiación estatal.
- Mayor apoyo para la adaptación de las viviendas: se facilitan las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas y se amplían las obligaciones de las administraciones públicas y las comunidades de propietarios para facilitarlas.
- La intervención temprana queda garantizada por ley: todos los niños, desde el nacimiento hasta los 6 años, con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos tendrán derecho a recibir este servicio.
- Fin de la discriminación en los seguros: las compañías no podrán aumentar el precio de una póliza por el hecho de que una persona tenga una discapacidad.
- Más garantías en los procedimientos judiciales: se incorpora la figura del facilitador procesal para apoyar a las personas con dificultades de comprensión o comunicación durante los procedimientos judiciales.
Desde ASPID, acogemos con satisfacción todas las medidas que contribuyen a reforzar la autonomía personal, la vida independiente y el acceso al apoyo que necesitan las personas con discapacidad o en situación de dependencia. La ampliación de la asistencia personal, la simplificación de los trámites administrativos, el refuerzo de la accesibilidad y la mejora de la financiación del sistema representan un paso importante hacia un modelo más centrado en los derechos de las personas.